Servicios
El TLC no contiene ninguna obligación dirigida a
autorizar y mucho menos a promover el ejercicio profesional por parte de
extranjeros en el país. De hecho, ningún
artículo del TLC modifica la legislación del país en materia de servicios
profesionales.
El acuerdo establece únicamente que los
gobiernos alentarán a los organismos pertinentes en sus territorios – que en el
caso de Costa Rica son los colegios profesionales – para que elaboren normas y
criterios mutuamente aceptables, a fin de otorgar licencias para el ejercicio
profesional, y para que les presenten recomendaciones sobre su mutuo
reconocimiento.
En el tema de licencias temporales, el TLC
establece que, cuando los gobiernos lo convengan, cada uno de ellos alentará a
los colegios profesionales en sus territorios a elaborar procedimientos para el
otorgamiento de dichas licencias. Se
trata, sin embargo, de un ejercicio sujeto a la voluntad de los colegios
profesionales de ambos países, y no de la reforma de la legislación nacional en
la materia.
No, el TLC no tendrá ningún tipo de
implicaciones sobre el sistema de pensiones.
Sobre este tema, algunos grupos han insinuado que el país ya no podrá
manejar este tipo de esquemas solidarios pues los fondos de pensión se
considerarán, de aquí en adelante, como “meros servicios financieros”, y han
dejado entrever que el TLC implicará el desmantelamiento del sistema de
pensiones del Magisterio Nacional.
Nada de esto es cierto. De hecho, el propio capítulo de servicios
financieros del TLC excluye de su cobertura “las actividades o servicios que
formen parte de un plan de jubilación público o un sistema legal de seguridad
social”.
No, la educación pública como tal no está
cubierta por el TLC y ese es el caso en todos los países que forman parte de
este tratado, incluido Costa Rica.
Sobre este tema, algunos grupos han
especulado que la educación pública estará sujeta a criterios comerciales
incluidos en el TLC, y de ahí deducen supuestas consecuencias, llegando incluso
a afirmar que “becas y otras formas de ayuda financiera - como el pago estatal
de una parte de los costos de matrícula en las universidades - podrían ser definidas
como 'subsidios' discriminatorios e ilegales a la 'industria nacional' en el
sector de la educación”. Con ello, se
busca hacer creer que la educación pública desaparecerá en Costa Rica como
consecuencia del TLC, pues se dice que el Estado “tendría que dejar de
'subsidiar' su sector de educación o hacer lo mismo para con los extranjeros
que inviertan en ese 'negocio'”.
Nada de esto es cierto. El TLC no afecta de ninguna forma a la
educación pública, incluyendo primaria, secundaria y universitaria. Ahora bien, en un sentido más amplio y
distinto, la educación y el TLC sí tienen una gran relación entre sí, pues
cuanto más educado y mejor formado esté nuestro recurso humano, mejor será el
provecho que podrá obtenerse del tratado.
De ahí que, desde esta perspectiva, el TLC
conlleva el replanteamiento de una serie de temas relacionados con políticas
educativas en Costa Rica.
